La regulación del mercado inmobiliario colaborativo en evolución

La regulación de la economía colaborativa está en pleno proceso explosivo

La economía colaborativa ha cogido velocidad de crucero, pero discurre por caminos sin firme adecuado. No tenemos claro si el futuro laboral podría depender en gran medida de modelos así. Por todo ello, las administraciones se han puesto manos a la obra para intentar controlarla. La regulación de la economía colaborativa sigue en plena ebullición. La justicia británica acaba de reconocer a los conductores de Uber el estatuto de asalariados, algo que puede ocurrir también en USA. Y Francia obliga a los usuarios de plataformas colaborativas a cotizar a la seguridad social y a gravar las transacciones.

La justicia británica acaba de reconocer a los conductores de Uber el estatuto de asalariados. En Estados Unidos, la misma compañía está en los tribunales por demandas en California y Massachusetts, lanzadas hace tres años por un colectivo de conductores que no se consideran trabajadores independientes.

Pero en lo que respecta al mercado colaborativo de apartamentos y viviendas de vacaciones, por el impacto que tiene en el mercado inmobiliario, Airbnb es un mercado comunitario para publicar, descubrir y reservar viviendas. Es otro referente de la economía colaborativa que se enfrenta asimismo a un endurecimiento de la regulación.

En el espacio de EEUU se están dando cambios importantes en el ámbito normativo, así en Nueva York una nueva ley prevé poner multas de hasta 7.500 dólares a los usuarios que contraten servicios de corta duración, una actividad que daña al sector hotelero. Esta ley podría cuestionar su actividad en la ciudad.

También en San Francisco, Airbnb puede ser penalizada con 1.000 dólares diarios por alojamientos no aceptados. Su plataforma de reservas está asimismo prohibida o cuestionada en otras ciudades.

A nivel europeo, y más concretamente nuestros vecinos de Francia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una disposición que obliga a los particulares que alquilan o venden bienes a través de plataformas colaborativas como Airbnb, Zilok (alquiler de objetos entre particulares) o Drivy (alquiler de coches) a afiliarse y a pagar las cotizaciones de la seguridad social. Esta medida se suma a otra anterior de pagar impuestos por este tipo de transacciones.

La ordenación legal de los diferentes formatos de la economía colaborativa está todavía en plena ebullición, con diferentes reacciones y regulaciones según los países que ha llevado a la Comisión Europea a emitir recomendaciones dirigidas a orientar y a ayudar a aplicar la normativa comunitaria a los servicios que se encajan dentro de la economía colaborativa.

Europa aplica leyes distintas en cada ciudad para regular la implantación de empresas como Uber o Airbnb. En España, las normas están aún más fragmentadas y afectan especialmente a empresas como Uber y Airbnb.