El comienzo de este 2018 ha abierto un nuevo capítulo en todo lo que tiene que ver con la transparencia de las empresas, en materias de gobierno, social y ambiental.
El diálogo con los mercados y los grupos de interés, es decir con los “públicos” de nuestras empresas debe mejorar. A partir de este año debemos tener en cuenta la Directiva de Información no financiera, lo que nos obliga a incluir políticas sociales, ambientales, laborales, y de prevención contra el soborno y la corrupción.
Este año 2018 entra en vigor el Real Decreto-ley, de25 de noviembre, que transpone la Directiva europea de información no financiera (2014/95/UE del 22 de octubre de 2014) que obliga a las entidades de interés público, de más de 500 empleados, a divulgar información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa (RSC).
El propósito de esta norma es el de mejorar la confianza de inversores y consumidores a través de la ampliación de información en aspectos que no sean estrictamente financieros, como las cuestiones ambientales, las políticas sociales, la lucha contra la corrupción o el respeto de los derechos humanos.
Asimismo otro de los objetivos de la norma es contribuir a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En sus informes, las empresas deberán incluir cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas a la gestión de personas, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción, el soborno y la diversidad.
De esta forma, el real decreto-ley modifica la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Comercio, y asigna al auditor de cuentas la responsabilidad de comprobar si se cumple con estos nuevos requisitos de información en el informe de gestión. Las empresas tendrán que presentar esta información este año y aprobarla por su Consejo de Administración antes del 30 de marzo.
La Comisión Europea optó por impulsar la publicación de información sostenible incorporando su obligatoriedad, modificando las Directivas de “reporting” no financiero en lugar de utilizar una norma específica de responsabilidad social.
De acuerdo con la Directiva 2014/95/UE se debe incluir una descripción de los riesgos, las políticas y los resultados vinculados a esas cuestiones y someterlos a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.
El plazo de presentación es la novedad en las empresas obligadas a presentar este nuevo requerimiento. La Directiva establecía supuestos en los que las compañías disponían de seis meses para publicar la información. Sin embargo, el Gobierno ha optado por eliminar esta posibilidad en el real decreto-ley.
Antes de la obligatoriedad que establece este Real Decreto-ley, el 87% de las cien mayores compañías en España ya realizan informes separados con este contenido. Un formato de información corporativo que sigue en su gran mayoría estándares internacionales para reflejar, de una nueva forma, la manera en la que las empresas crean y distribuyen valor.
¿Qué empresas tendrán que elaborar estos “informes especiales”? Aquellas que superen los 500 trabajadores; aquellas que tengan más de 250 empleados de media durante dos ejercicios, las que tengan un volumen de negocio superior a los 40 millones de euros, o aquellas cuya matriz tenga sede en un país comunitario.
El informe debe incluir un repaso detallado de los riesgos ambientales y sociales, y los relacionados con la plantilla (políticas de igualdad, condiciones de trabajo, diálogo social), pero también de aquellos relacionados con la cadena de suministro, sobre todo si se trata de minerales provenientes de zonas de conflicto. Se incluye también información sobre efectos ambientales de la actividad industrial, el uso de energías renovables y consumos de agua, y las emisiones que contaminen. En España la obligatoriedad de este informe afecta a unas 600 empresas.
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