El Consejo de Ministros dio luz verde al Plan de Contratación
Pública Ecológica (CPE) para el periodo 2018-2025, mediante el cual permitirá a
todas las administraciones públicas reducir su huella de carbono al seleccionar
bienes y servicios por sus aspectos ecológicos.
Los objetivos del plan son promover la adquisición por parte
de la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto
medioambiental posible, impulsar la Estrategia Española de Economía Circular y
apoyar con medidas concretas un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, señala el Ejecutivo en una nota.
La contratación pública ecológica (CPE) es una importante herramienta para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.
La contratación pública ecológica introduce criterios de
sostenibilidad en la selección de empresas, como por ejemplo contar con un
sistema de gestión ambiental adherido al Sistema Comunitario de Ecogestión y
Ecoauditoria, conocido como EMAS, o
elegir bienes con una larga vida útil en detrimento de aquellos con
obsolescencia programada.
A través de la contratación
verde, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las
entidades gestoras de la Seguridad Social podrán reducir su huella de carbono y
al mismo tiempo adquirir bienes, servicios o productos con menor huella, así
como promover e implementar políticas y estrategias ambientales de la Unión
Europea.
La Administración pública contará con un plazo de un año
desde la publicación en el BOE del presente plan para establecer un marco de
actuación en el que se recojan los objetivos mínimos de incorporación de
criterios ecológicos en los contratos formalizados entre 2018 y 2025.
Una vez finalizada la vigencia del plan, se procederá a su
revisión y actualización si así lo acuerda la Comisión Interministerial
(regulada por el Real Decreto 6/2018, de 12 de enero).
El Gobierno explica que la denominada Estrategia Europa 2020
recoge el papel clave de la contratación pública como uno de los instrumentos
basados en el mercado interior que deben servir para lograr un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso con mayor
racionalidad económica de los fondos públicos.
Además, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de
las Empresas, entre las que se incluyen las administraciones públicas y las
empresas públicas, establece el compromiso de contribuir a alumbrar modelos de
gestión sostenibles en el tiempo que aprovechen todas las posibilidades que
ofrece el marco jurídico.
Fuente: EFE
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