La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la ineficacia en la gestión de residuos.
En relación a las decisiones tomadas sobre procedimientos de infracción correspondiente al mes de junio, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos con arreglo a los requisitos sobre las normas de la UE para la Directiva marco sobre residuos (Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 , sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas) en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Islas Baleares, Canarias y Madrid) y en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Un plan de gestión de residuos es un documento donde se recoge toda la información referida a los residuos que produce una empresa u organización, qué medidas con respecto ellos se van a tomar y qué se va a hacer con ellos. El objetivo fundamental es facilitar la correcta gestión de los mismos.
No hay un índice estándar ni normalizado. Este documento es voluntario, pero su valor es importante: hace un inventario de los residuos que se generan y resume las actuaciones a realizar con ellos, promoviendo el cumplimiento de la legislación.
Los planes de gestión de residuos son un instrumento clave para la reducción de las repercusiones negativas que la generación y la gestión de los residuos tienen sobre la salud humana y el medio ambiente y son también esenciales para avanzar hacia la economía circular.
España tenía que haber establecido los correspondientes planes de gestión de residuos para cubrir la totalidad de su territorio a más tardar el 12 de diciembre de 2010, y debía haber evaluado y revisado dichos planes al menos cada seis años. Además, España debería haber informado a la Comisión de los planes de gestión de residuos, una vez adoptados, y de cualquier revisión sustancial de los planes. La Comisión ha instado reiteradamente a España a cumplir las obligaciones que le incumben: primero a través de una carta de emplazamiento, en noviembre de 2016, y después mediante un dictamen motivado en julio de 2017.
Además, la Comisión pide a España que cumpla plenamente con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE de 15 de marzo de 2017 (C-563/15). En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva marco sobre residuos (Directiva 2008/98/CE) por no adoptar las medidas necesarias en 61 vertederos. Las autoridades españolas tenían que haber garantizado que la gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud ni perjudicar al medio ambiente. A pesar de algunos avances desde la sentencia, la clausura, sellado y las obras de reparación están aún pendientes en 22 vertederos (uno en Andalucía, 19 en las Islas Canarias y dos en Murcia), en los que se prevén retrasos importantes. Más de un año después de la decisión del Tribunal, la sentencia aún no ha sido aplicada en su totalidad por las autoridades nacionales, lo que supone un riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente.
Veamoss un ejemplo del encargo por parte del Gobierno Canario para la solución puntual de un vertedero: RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA POR LA QUE SE CONTRATA EL SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE “CLAUSURA Y SELLADO DE LOS VERTEDEROS DE CUEVA LAPA Y LLANOS COSTA BOTIJA", T.M. DE GALDAR, GRAN CANARIA, COFINANCIADO POR EL FEDER: “El vertedero de Cueva Lapa y Llanos Costa Botija, ubicado en el término municipal de Galda, en la isla de Gran Canaria, está incluido en el procedimiento de infracción nº 2006/2311 abierto por la Comisión Europea (CE) al Reino de España por incumplimiento de los artículos 13 y 15 de la Directiva de residuos (2008/98/CE) al no haberse adoptado medidas para garantizar que los residuos se valorizan o se eliminan sin poner en peligro la salud y el medio ambiente. El día 12 de noviembre de 2015, la Comisión Europea presentó la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que supone la posibilidad de imposición de sanciones económicas con repercusión sobre las administraciones públicas responsables de esta situación.
Finalmente, se ha dictado la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima) de 15 de marzo de 2017, en el asunto C-563/15, declarando que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 y del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, al no haber adoptado, respecto al vertedero, entre otros, del que resulta objeto de la presente resolución, de las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora, y que los residuos vertidos en ellos sean tratados por los municipios por sí mismos o por un negociante, una entidad o una empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento de residuos o por un recolector de residuos público o privado, con arreglo a los artículos 4 y 13 de la citada Directiva.
Con el fin de amparar esta actuación se ha firmado un Convenio de Colaboración entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Galdar para la puesta a disposición del suelo necesario para la ejecución de las obras del proyecto de sellado y clausura del vertedero de Cueva Lapa y Llanos Costa Botija, ubicado en el término municipal de Galdar, cofinanciado por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, firmado el 8 de noviembre de 2017.
Mediante Orden nº 375 de 23 de noviembre de 2017, la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad encomienda a GESPLAN la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de Clausura y Sellado del vertedero de Cueva Lapa y Llanos Costa Botija, en Gran Canaria”.
Por ello, la Comisión envía ahora una carta de emplazamiento a España, antes de llevar de nuevo el asunto ante el Tribunal, y pide que se impongan sanciones financieras. Si España no actúa en los próximos dos meses, la Comisión puede enviar un dictamen motivado sobre este asunto.
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